El Gobierno expidió una ola de 15 decretos en el marco de la emergencia económica para acelerar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Los tres ejes son: alivios tributarios e incentivos para atraer inversión; crédito y apoyo a empresas, hogares y trabajadores; y recursos y medidas especiales para vivienda, infraestructura y reconstrucción.
El paquete busca también recuperar la actividad empresarial y proteger el empleo. Mientras uno de los decretos establece un régimen temporal de incentivos tributarios para nuevas inversiones, otros habilitan recursos de crédito, apoyos a la nómina y mecanismos para facilitar el acceso a vivienda y la ejecución de obras.
Uno de los instrumentos centrales es el Decreto 1413, que busca que parte de la reconstrucción sea financiada y ejecutada por empresas privadas.
Para acceder a los beneficios, los proyectos deben representar una nueva inversión, estar ubicados en los municipios cobijados por la emergencia, generar empleo y comenzar su ejecución dentro de los 12 meses siguientes a la declaratoria de emergencia.
El incentivo más llamativo está en el impuesto de renta. La tarifa preferencial parte de 20% para la renta asociada al proyecto y puede reducirse hasta 15% si la empresa genera nuevos puestos de trabajo: por cada 250 empleos directos adicionales se descuenta un punto porcentual de la tarifa, hasta alcanzar ese piso.
Para César Cermeño, director de la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, estos decretos plantean una discusión que va más allá de la emergencia. “Los Decretos 1413 y 1419 muestran dos caminos distintos a la fórmula tradicional de aumentar impuestos: estimular la inversión y facilitar el cumplimiento”, señaló.
Cermeño explicó que las medidas implican un sacrificio fiscal inmediato, pero parten de la expectativa de que una mayor actividad económica, la ampliación de las bases tributarias y la recuperación de cartera puedan generar mejores resultados fiscales en el mediano plazo.
El segundo frente de la batería de decretos está en el crédito: el Decreto 1416 habilita líneas especiales de Bancóldex, con compensación de tasas y mecanismos de garantía para empresas que necesitan recursos para capital de trabajo, reparar instalaciones, reponer activos o normalizar obligaciones.
El Gobierno también flexibiliza temporalmente algunas condiciones para que los hogares puedan acceder a financiación destinada a reparar, reconstruir o reponer viviendas afectadas.
El tamaño del problema empresarial ayuda a dimensionar esta apuesta. En seis departamentos analizados por el Gobierno había cerca de 297.050 empresas formales y 45.074 reportaron algún tipo de afectación, cerca de 15%. Los daños incluyen establecimientos, maquinaria, inventarios, mercancías y dificultades para mantener las operaciones.
A esto se suma el Decreto 1418, que permite utilizar recursos de las Cámaras de Comercio para la recuperación y reactivación de las empresas afectadas. La medida busca atender a mipymes, establecimientos de comercio, personas naturales con actividad económica y otras unidades productivas golpeadas por el sismo.
La protección del empleo es otro de los frentes. El Decreto 1417 crea un apoyo para que microempresas, pequeñas empresas y personas naturales empleadoras puedan cubrir parte de la nómina de trabajadores damnificados.
El beneficio equivale a 40% de un salario mínimo por trabajador y puede recibirse hasta durante seis ciclos mensuales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Lea todos los decretos desarrollados en la web.
