Luego del anuncio de la transacción de la empresa de servicios públicos, Triple A, al control de Barranquilla, el presidente Iván Duque dijo que quería que “volviera para convertirse en un tesoro (…) con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político”.
Sin embargo, se determinó que esto no fue exactamente así, ya que la venta de acciones de la Triple A, se basó en argumentos que no corresponden con la realidad de la empresa.
En primer lugar, el mecanismo que usaron terminó beneficiando a contratistas privados cercanos al uribismo y al clan Char: los hermanos Daes y el zar de la basura, William Vélez, incluso en la tributaria del año pasado se incluyó un artículo que aclaró completamente el camino para que la venta de acciones fuera directa y evadiera el paso de someterla a un concurso público, en el ofertara la mejor opción.
Lo cierto es que todos estaban tras las joyas de la corona de Barranquilla con la Triple A, ya que esta empresa tiene injerencia en 15 de los 23 municipios del Atlántico, la cual solo el último año reportó 677 mil millones de pesos en ingresos y 94 mil millones de pesos en utilidades.
En el año 2018, la Fiscalía General anunció que secuestraría las acciones de la socia mayoritaria de la compañía, Inassa (filial en Colombia de la empresa pública española Canal Isabel II), propietaria del 82,16% por presunta corrupción dentro de la empresa con un supuesto desfalco de casi 300 mil millones de pesos.
Ante este hecho, simultáneo a investigaciones contra al menos una decena de funcionarios y exfuncionarios, se inició un proceso de extinción de dominio sobre la propiedad accionaria de los españoles en la Triple A.
Sin embargo, pese a que la compañía funcionaba sin contratiempos y en la práctica aún las acciones siguen siendo de Inassa, a inicios del año pasado a través de una figura llamada “enajenación temprana”, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en cabeza de Andrés Ávila, abrió la puerta para venderle al Distrito las acciones.
Mientras Pumarejo decía que su plan era que Barranquilla no destinara recursos para la adquisición de esas acciones y que para eso buscaría un operador que no entraría en la propiedad de la empresa, la SAE indicaba que el gobierno de Iván Duque estaba respaldando la posibilidad de que la capital del Atlántico comprara las acciones de la empresa que estaba cruzando por un buen momento comercial.
Lo que muchos no saben, es que la SAE usó argumentos engañosos para poder vender las acciones a los Daes y a Vélez. Dijo que era “necesaria” por la naturaleza de la empresa y la justificó en que una firma con acciones en proceso de extinción de dominio tiene limitado “el acceso al sistema financiero”, que sumado a que la SAE no tiene capital para inyectarle dinero, ponía en riesgo el plan de inversiones de la Triple A.
No obstante, esto no es cierto, ya que en enero del año pasado la Triple A fue noticia porque logró acuerdos con 6 bancos y accedió a créditos por $100 mil millones de pesos.
Ahora bien, las 60 millones de acciones, equivalentes al 82,16% de la Triple A, costaron 565 mil millones de pesos, y justo el día que el presidente Iván Duque junto a la Alcaldía y la SAE, anunciaran que la venta de acciones era un hecho, revelaron que la transacción se cerraría con Alumbrado Público de Barranquilla, empresa mixta que se constituyó en 2016 en el segundo mandato de Alex Char.
El 65% de Alumbrado Público de Barranquilla es propiedad del Distrito y el 35% es de Barranquilla Capital de Luz, empresa del zar de las basuras, el antioqueño y amigo personal del expresidente Álvaro Uribe, William Vélez y el de los hermanos Christian y José Manuel Daes, megacontratistas del alcalde Alex Char.
Lo cierto es como por arte de magia, la venta de las acciones de la Triple A, hizo que el Gobierno en un último momento agregara artículos en la tributaria que beneficiaban una “participación accionaria” y que la SAE usara su poder para que la empresa joya de Barranquilla pasara a manos de este grupo de poderosos empresarios.
