La política colombiana tiene una extraña capacidad para tropezar siempre con los mismos nombres. Cuando parecía que el capítulo de Álex Saab pertenecía exclusivamente a los expedientes internacionales, las sanciones del Departamento del Tesoro y las intrigas del chavismo, el empresario barranquillero volvió a irrumpir en el corazón de una campaña presidencial colombiana. Y no entró por la puerta de atrás. Entró acompañado de transferencias bancarias, cartas firmadas y documentos judiciales.
La investigación publicada por El País e Infobae, dirigida por Daniel Coronell, reveló que el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella recibió más de USD 370.000 provenientes de empresas vinculadas a la estructura financiera utilizada por Saab. No se trata de una insinuación política lanzada desde una tarima ni de una filtración sin soporte. El caso está sustentado en piezas judiciales de un expediente civil tramitado en Florida, Estados Unidos.
Durante años, De la Espriella sostuvo una explicación aparentemente simple: Álex Saab había sido un cliente dentro de su ejercicio profesional como abogado. Y, en efecto, defender a personajes cuestionados no constituye delito alguno. El problema aparece cuando la relación deja de limitarse a la representación jurídica y entra en el terreno de las operaciones financieras internacionales.
Allí es donde la campaña comenzó a resquebrajarse.
Entre las pruebas reveladas aparece una carta manuscrita atribuida al candidato, con instrucciones bancarias específicas y una anotación que hoy se convirtió en dinamita electoral: “Para 2127 $100.000. El resto para Rafael Mora”. El manuscrito, acompañado de soportes de giros internacionales, conecta directamente a De la Espriella con movimientos financieros provenientes de compañías que posteriormente serían señaladas por las autoridades estadounidenses como instrumentos del saqueo a Venezuela.
La gravedad política no radica únicamente en el monto del dinero. Tampoco en la cercanía con Saab. Lo verdaderamente delicado es la contradicción entre el discurso público construido durante años y la información que ahora emerge desde los expedientes judiciales.
Porque en campaña todo candidato puede sobrevivir a un rumor. Lo que rara vez sobrevive es un documento bancario.
